El bloque del Frente de Todos presentó dos proyectos que reclaman investigar los “delitos” cometidos por el ministro de Seguridad de la Ciudad  y el fiscal general. Asimismo, denuncian «una mesa judicial operando en la Ciudad de Buenos Aires»

Desde hace tiempo el ministro de justicia y seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D´Alessandro, enfrenta el escándalo luego de la filtración de unos polémicos chats que evidencian la convivencia entre Juntos por el Cambio, el poder judicial y directivos del Grupo Clarín. Hoy día, el bloque del Frente de Todos de la Legislatura porteña presentó dos proyectos para reclamar un juicio político que investiga los posibles delitos.

Estas iniciativas se dirigen al ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y el fiscal general Juan Bautista Mahiques. Asimismo, de acuerdo a los textos recientemente presentados, los diputados solicitaron “formar causa por comisión del delito y mal desempeño de sus funciones contra el fiscal general Juan Bautista Mahiques y el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, según el procedimiento del juicio político previsto por los Arts. 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad.

“A los efectos de cumplimentar lo establecido en el artículo precedente, convócase a la Sala Acusadora para el día 07/12/2022 a las 12:00 horas, para la designación de su presidencia y los miembros de la Comisión Investigadora prevista en el artículo 94 de la Constitución de la Ciudad. La Sala Acusadora, sesionará en el recinto de sesiones de esta Legislatura debiendo la vicepresidencia primera proveer de todos los elementos necesarios para su funcionamiento”, indicaron.

En los argumentos de los proyectos, la oposición determinó “dar inicio al proceso de juicio político respecto de D´Alessandro  y Mahiques, debido a su participación en un viaje financiado por el Grupo Clarín, del que también participaron fiscales, jueces, ex agentes de inteligencia, lo cual evidencia una conducta constitutiva del delito de dádivas y una inconducta manifiesta en el ejercicio de sus funciones, de acuerdo a los más elementales criterios de ética pública” e indicaron que “este viaje, que a la fecha ya es de público y notorio, fue noticia en el diario Página 12 del día 17 de octubre ‘Cónclave político judicial secreto en Lago Escondido para garantizar la impunidad de Mauricio Macri. En la Estancia de Joe Lewis’ y fue financiado por el mencionado grupo empresarial”.

“En este sentido, es fácilmente acreditable la existencia del viaje mencionado, de los integrantes del mismo y el financiamiento tanto del vuelo privado, como de la estadía en la estancia de propiedad, nada más ni nada menos, que de un empresario magnate como Joe Lewis”, agregó y planteó que “la gravedad de este viaje se ha visto reflejada a través de conversaciones de los integrantes de este grupo que han tomado estado público luego de la nota publicada por el Diario Tiempo Argentino ‘El escandaloso chat entre jueces, funcionarios porteños y el Presidente del Grupo Clarín’. Estos diálogos son, ni más ni menos, que la ratificación del mencionado viaje y de los esfuerzos de sus participantes por ocultarlo mediante la comisión de diferentes delitos: tráfico de influencias, falsificación de documentos públicos, falso testimonio y asociación ilícita”.

Por otra parte, afirmaron que “los chats de ‘Operación Pagina12’, confirman un entramado de jueces, fiscales, ministros y dueños de medios de comunicación dando verdadera dimensión de lo que significa el ‘lawfare’ en la República Argentina, con una mesa judicial operando en la ciudad de Buenos Aires. Cruces de mensajes criticando dirigentes, incentivando fraguar pruebas, armado de causas, detenciones arbitrarias, promesa de ‘hacer cagar’ a funcionarios nacionales, etc., son solo parte de algunas de las líneas que dejaron transcender los chats del autodenominado ‘Grupo Huemul’”.

“Todo ello, se da en un marco político de gravedad institucional donde la reunión financiada por el Grupo Clarín, con presencia de jueces, en particular del Juez Federal de Instrucción Ercolini, quien ha dirigido la ‘investigación’ de la ‘Causa Vialidad’, ex miembros de la SIDE y el Ministro de Seguridad de la Ciudad, conforman –ni más, ni menos- que la foto más evidente el denominado ‘Lawfare’. Todo ello también explica una articulada estrategia de estos actores para garantizar la impunidad de Mauricio Macri y sus funcionarios y la condena y proscripción de Cristina Fernández de Kirchner”, enfatizaron.

Por otra parte, sobre las acusaciones contra D’Alessandro, desde la bancada de del FdT indicaron que “respecto al mal desempeño en sus funciones, sólo durante los últimos meses, el ministro ha recaído en varias acciones que configuran la causal de ‘mal desempeño’ y que, analizados en su conjunto, demuestran que ha utilizado a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para llevar adelante sus objetivos políticos” y resaltaron que “es por ello que nuestro bloque con representación en la Legislatura de la Ciudad hace la presentación del presente proyecto para iniciar el juicio político por los motivos expuestos, al actual Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad, en tanto responsable por comisión de delito y de mal desempeño de sus funciones, según el procedimiento previsto por los arts. 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad”.

“Creemos imperioso que aquellas fuerzas democráticas, que aún encolumnadas en el oficialismo porteño, tengan la posibilidad de comportarse de manera democrática y republicana acompañando este pedido de inicio del juicio político al ministro D’Alessandro, dando comienzo a una investigación que transparente un proceso esencial para determinar las responsabilidades políticas de funcionarios de la ciudad”, indicaron.

Acerca del pedido de juicio político a Mahiques, desde la oposición resaltarn que “queda muy claro que un fiscal general que ha llevado adelante conductas de este estilo no puede continuar al frente de una institución que tiene a cargo la representación de los intereses generales de la sociedad” y concluyeron resaltando que “es fácilmente acreditable la existencia del viaje que se intentó ocultar, de los integrantes del mismo y el financiamiento tanto del vuelo privado, como de la estadía en la estancia de propiedad, nada más ni nada menos, que de un empresario magnate como Joe Lewis”.