La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) alertó a más de doscientos magistrados que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires solicitó al Registro Nacional de la Personas sus datos personales “presumiblemente sin justificativo válido”.

Asimismo, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a cargo del fiscal Sergio Rodríguez avisó a más de doscientos magistrados que el Gobierno de la Ciudad solicitó al Registro Nacional de la Personas sus datos personales “presumiblemente sin justificativo válido”. En tanto, las actuaciones de las que se sospechó fue de los investigadores de la PIA ya que tuvieron lugar en el marco del convenio suscripto entre el Renaper y la cartera de Justicia de CABA para la obtención de datos biométricos de personas prófugas. Con esa excusa es que se habría obtenido información sensible sobre jueces/as y fiscales.

En tanto, lo que advirtieron algunos de los afectados, es que sus movimientos fueron consultados en fechas claves. Para dar un ejemplo, el mismo día en que se cruzaban las solicitudes de información tenía lugar la firma de alguna resolución a favor de Cristina de Kirchner. “Estaban pescando. Saben donde vivo, si me mudo, con quién vivo, etc.”, comentó una de las víctimas. Asimismo, esta práctica se repitió incluso con concursantes para vacantes estratégicas.

Luego de la comunicación de la PIA, muchos de los afectados encontraron coincidencias entre las solicitudes de información sobre ellos y además hechos trascendentes en el marco de actuaciones en expedientes sensibles. En tanto, uno de ellos, es el juez de la Cámara de Casación de Py, Alejandro Slokar. De acuerdo a lo que le notificó la PIA, solicitaron sus datos al Renaper el 23/09//2021 a las 10:57 de la mañana. En tanto ese día, a esa hora, luego de haber llevado a su hijo a vacunar contra el covid-19 a Exaltación de la Cruz, el magistrado se encontraba en su casa firmando en forma digital una resolución favorable a la vicepresidenta Cristina de Kirchner. Todo ello era en el marco de la causa por el envío de diarios a Santa Cruz en el avión presidencial. A la vez, ese fallo salió 2 a 1 favorable a la vicepresidenta. En tanto, la lista de los “espiados” es variada y sobrepasa los doscientos.

Por otra parte, uno de los casos es el del fiscal Javier De Luca. Así, el Ministerio de Justicia de CABA solicitaba sus datos biométricos el mismo día en el que estaba alegando a favor de Milagro Sala. En tanto, el funcionario, quien obtuvo la notificación de dos solicitudessobre sus movimientos, expresó su preocupación y advirtió que “alguien está armando un banco de datos que no tiene modo legal para armarlo, entonces usa el convenio como vehículo”.

Paralelamente, otro caso parecido ocurrió el 25 de marzo del 2020 a las 14.53 hs. En tanto, ese día fueron solicitados los datos de Marcela Pérez Pardo, la esposa del exjuez destituido por el macrismo, Eduardo Freiler. En ese tiempo, se estaba por tratar si se cerraba o no la solicitud de juicio político contra ella y contra la sala L de la Cámara Civil que ella componía, por una resolución de una causa del Instituto Patria contra la Inspección General de Justicia presentada en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri. Ese fallo salió 3 a 1 a favorable al Patria, pero Pardo, quien pertenece a Justicia Legítima, fue la única de los tres que figura en el pedido de datos biométricos.

La situación sin precedentes y que ocasionó alarma entre los cientos de notificados derivó en una denuncia penal de oficio, por tratarse de un presunto delito de acción pública (violación de secreto). Ésta causa (CFP 1311/23) quedó radicada en el juzgado de Ariel Lijo de Comodoro Py.

En tanto, algunos de los afectados analizan presentarse en la causa penal como querellantes, otros deciden alternativas por vía administrativa. “Hay gente que juega a esto como si estuviera en el Tinder. O juegan a la Play Station con los ciudadanos. No se puede vivir así. No vivimos en una sociedad transparente. Tenemos que poder mantener en reserva lo que cada uno quiera. No puede estar todo expuesto. No hay ninguna sociedad que pueda funcionar así”, comentó De Luca.

Por otra parte, de esta causa que actualmente tramita en la Justicia federal, hubo otras denuncias de iniciativa privada que tuvieron lugar en la justicia de la Ciudad. Luego de la demanda del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y del Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIO) la Cámara de Apelaciones de la Ciudad confirmó en abril de este año la inconstitucionalidad del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos implementado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que en su momento defendió el desplazado ministro de Seguridad Marcelo D’Alessandro.

Por otro lado, la Sala I rechazó las apelaciones del Gobierno de la Ciudad y del Ministerio Público Fiscal y confirmó la sentencia de la jueza de primera instancia Elena Liberatori, que en septiembre de 2022 había manifestado que el sistema de progresión biométrica se implementó sin la debida protección de los derechos de los habitantes. En tanto, no han sido los únicos casos ni las únicas coincidencias que llaman poderosamente la atención. Tanto jueces nucleados en la Lista Celeste de la Asociación de Magistrados ya alzaron su voz, y demostraron gran preocupación.