La Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice el acceso al agua potable y al servicio de desagüe pluvial y cloacal en un sector de la Villa 15. En tanto,  por un reclamo de los vecinos y vecinas, que además de no contar con conexión al agua potable sufren permanentes desbordes cloacales e inundaciones producto de la falta de desagüe.

Asimismo, la Justicia ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que garantice el acceso al agua potable y al servicio de desagüe pluvial y cloacal en un sector de la Villa 15. Es por un reclamo de los vecinos y vecinas del lugar, que además de no contar con conexión al agua potable sufren permanentes desbordes cloacales e inundaciones producto de la falta de desagüe. El fallo responde a un amparo presentado por los propios vecinos y vecinas, y también ordena que AYSA realice un estudio bacteriológico sobre el estado del agua.

Por otra parte, la medida cautelar fue dictada por el juez Enrique Lavié Pico, titular del Juzgado Federal en lo Contencioso y Administrado N°6, que hizo lugar a la acción de amparo presentada por los delegados y delegadas de la Manzana N°32 del barrio, en conjunto con el Centro para una Justicia Igualitaria y Popular (CEJIP). La denuncia original data del mes de marzo del 2021 y fue el corolario de un proceso de organización y reclamo de los y las vecinas del barrio ante la falta de respuesta a los pedidos formales presentados ante diversas instancias del Gobierno de la Ciudad.

«Nuestro reclamo comenzó en el año 2017 cuando un grupo de vecinos y vecinas plantearon la problemática de la falta de agua. No había presión suficiente para que se llenaran los tanques y, en otros casos, el agua estaba sucia y no se podía consumir. El exámen bacteriológico que realizamos en ese momento determinó que no era apta para consumo ni para higiene», cuenta  Vanesa Espínola, delegada barrial y vecina de la Manzana 32, uno de los sectores más grandes del barrio ubicado en Villa Lugano. «Recién en 2022 se aprobó una obra de infraestructura de agua que en su mayoría está terminada, pero aún no se realizaron las conexiones ni el examen de potabilidad», comenta Espínola.

En tanto, acerca de esa obra en particular se basa uno de los puntos ordenados en la resolución del juez Lavié Pico, que en su cautelar ordena al GCBA que «arbitre los medios necesarios para que AYSA realice en el plazo de 10 días el correspondiente estudio bacteriológico», como paso previo necesario para «culminar con las conexiones domiciliarias». De acuerdo consta en la resolución del juez, el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño sostuvo en la causa que las obras del tendido de agua potable ya se encuentran finalizadas y que «una vez realizado el estudio acerca de la potabilidad del agua por parte de la empresa, se realizarán las correspondientes obras de conexión».

Por otro lado, los vecinos y vecinas rechazaron esa afirmación en la causa, punto que acompañaron por un informe del Centro de Salud y Acción Comunitaria del barrio ubicado dentro de Villa Lugano, que entre otras cosas asegura que las obras del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) atañen a la «colocación de caños maestros en espacios comunes» y que las conexiones existentes «son informales y algunas pasan por dentro de los desagües cloacales». «La presión no es continua, el servicio se interrumpe frecuentemente, el agua no cumple con las condiciones de agua segura, está visiblemente sucia y con olor», comenta el informe.

Por otra parte, el segundo punto en que se centra la resolución del juez es el de los desagües pluviales y cloacales. En este sentido, Lavié Pico intimó al GCBA para que en el plazo de 30 días elabore y presente «un proyecto de obras de infraestructura que aseguren el servicio». Leonel Bazán, abogado de CEJIP, detalla en este sentido que la Manzana 32 «no recibe agua potable, sufre constantemente los desbordes del servicio cloacal que es muy precario, e inundaciones en los pasillos y viviendas porque no hay desagües pluviales».

A la vez, la situación fue especialmente crítica durante los años de pandemia de Covid-19. «Transitamos todo el proceso con esta problemática, por lo que nuestra salud se vio expuesta a la falta de agua y a la dificultad para cumplir con las medidas de prevención», advierte Espínola. En tanto, mediante el amparo de 2021, de hecho, los vecinos y vecinas consiguieron entonces que se garantizara el acceso al agua potable a través de la instalación de camiones cisternas en el barrio, como medida provisoria antes de las obras.

«No obstante, la obra sufrió reiteradas interrupciones y demoras en su ejecución y, a la fecha, todavía no se han realizado las conexiones domiciliarias al servicio. A su vez, pese a que fue reclamado desde el principio, el IVC nunca dio respuestas a los pedidos de que se realicen obras para la prestación de los servicios de cloaca y desagüe pluvial», comenta el CEJIP en este sentido. En tanto, ante esta situación, en abril de este año los amparistas volvieron a presentarse en el marco de la causa para reclamar respuestas, lo que aceleró la resolución del juez Lavié Pico.

A la vez, para Espínola, el fallo no es otra cosa que «el fruto de tantos años de organización y reclamo». Es que tanto las protestas como la acción judicial son sostenidas dentro del barrio por una organización de delegados y delegadas elegidos en asamblea. «Poder contar con esta medida judicial después de tantos años significa una gran satisfacción y alegría, porque todo esto tiene que ver con nuestra salud y con nuestras condiciones de vida», señala la delegada. En el medio, los vecinos y vecinas reclaman ahora que se restablezca la mesa de trabajo que funcionó con el Ministerio durante 2023 y que, aseguran, se cortó en los últimos meses. «No se volvió a convocar para seguir trabajando en todo lo que falta, no se los escucha y no se les da respuesta», advierte Bazán.

Al mismo tiempo, en conjunto con los delegados y la Defensoría del Pueblo porteña, la CEJIP realizó un relevamiento dentro de la manzana que arrojó que allí viven 566 familias integradas por un total de 1.498 personas. De ese total, 747 son mujeres, 547 niños, niñas y adolescentes, 52 adultos mayores y 32 personas con discapacidad. En ese relevamiento se consultó a los vecinos y vecinas sobre su situación de salud en relación a los déficits en el acceso a servicios esenciales, y 103 personas «manifestaron haber contraído enfermedades vinculadas a la ingesta de agua no apta para el consumo humano».