El emprendimiento inmobiliario contempla torres de hasta 145 metros que se construirían en el terreno costero de 72 hectáreas. Los magistrados no consideraron las previsiones por los ocacionales daños ambientales.

La Cámara de Apelaciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le otorgó el visto bueno al Grupo IRSA para que comience las obras de torres de lujo que proyecta en Costanera Sur. Así lo efectivizó al revocar el fallo de primera instancia que había beneficiado a las organizaciones ciudadanas que rechazaban la construcción del emprendimiento Costa Urbana en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors; habilitado en la Legislatura por el oficialismo porteño en el  2021, además de las torres de hasta 145 metros que se construirían en el terreno costero de 72 hectáreas.

Asimismo, ya hace más de un año que pasó desde que los legisladores de Juntos por el Cambio aprobaron en la Legislatura el convenio urbanístico que habilitó a IRSA a iniciar su mega desarrollo inmobiliario en los terrenos de los que es dueño desde 1997. Por otra parte, en la última sesión antes del recambio legislativo de 2021, el oficialismo aprobó un paquete que contempló la rezonificación de Costa Salguero y otras excepciones inmobiliarias para construir torres. No obstante, las organizaciones ciudadanas, que se expresaron en contra del proyecto en audiencias públicas, acudieron a la Justicia y en marzo de 2022 obtuvieron que el juez Luis Ammirato impugnara el convenio al considerar que se habían incumplido los mecanismos de participación ciudadana y además por los posibles daños ambientales del proyecto.

En tanto, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad decidió revocar la sentencia al hacer lugar a la apelación presentada por el Gobierno de la Ciudad e IRSA en conjunto. A la vez, en su fallo, las juezas Nieves Macchiavelli y Laura Perugini sostuvieron que al no haber iniciado aún las obras «no puede sostenerse que exista un caso ambiental, dado que no hay una acción directa sobre el ambiente, ni tampoco se explica de qué manera las modificaciones normativas pueden por sí mismas implicar un daño al ambiente».

Al mismo tiempo, y  pese a que el convenio establece  el tamaño y los límites de los polígonos en que se dividirá el predio, la parte que será para las torres y la que será para parque público, y hasta las alturas de los edificios, las magistradas consideraron que el impacto del emprendimiento todavía no puede establecerse ya que «no se elaboró aun un proyecto concreto».

En referencia a la participación ciudadana, el juez Ammirato había entendido que las audiencias tendrían que haberse realizado antes del tratamiento legislativo de la iniciativa, apoyándose en lo establecido por la Ley N°123 de Evaluación de Impacto Ambiental. En tanto,, los camaristas entendieron que, al no haber debatido la Legislatura el proyecto concreto de obra sino una modificación de normativa urbanística, esas instancias no eran necesarias como tratamiento previo.

«En la sentencia sólo se abordó la cuestión de la necesidad de convocar a instancias de participación ciudadana antes de la firma del convenio, pero el procedimiento de aprobación tuvo otras tantas irregularidades e ilegalidades», comentó  Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad que presentó el amparo que derivó en el fallo de origen. Así, hay otras acciones judiciales en marcha que cuestionan, entre otros puntos, la falta de evaluaciones de diagnóstico y de impacto antes de la firma del convenio, y la votación en el recinto que no llegó a los dos tercios. Por otra parte, el abogado indicó, además, que «era previsible que en plena campaña den vía libre al emprendimiento».

Por otro lado, el fallo de la Sala IV salió menos de una semana luego de que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, afirmara  en la apertura de sesiones de la Legislatura que este año su gobierno  buscará «recuperar la costanera y el acceso al río» con proyectos que incluyen a Costa Urbana. «La Empresa compró el terreno a 50 millones de dólares y con la nueva normativa hoy se valoriza a más de 800 millones. El Jefe de Gobierno, hoy candidato a presidente, le otorgó una renta extraordinaria a expensas de nuestra costa impactando en la destrucción del ecosistema», comentó el diputado del Frente de Todos Matías Barroetaveña.

En tanto, María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, otra de las organizaciones que acompañaron el amparo, indicó  por su parte que Costa Urbana «implica destruir uno de los pocos humedales que tiene la Ciudad, estamos sufriendo una de las olas de calor más importante de las últimas décadas y el GCBA junto con IRSA quieren continuar llenado de torres y cemento la Costanera». «La decisión judicial confirma el escandaloso cambio normativo que consiguió IRSA de parte de Larreta, quien premió a la empresa con normativa para realizar un barrio semiprivado sobre un humedal», sostuvo Barroetaveña.

Por otra parte, el proyecto que habilita la construcción de un nuevo barrio en la Ciudad de Buenos Aires frente a la Reserva Ecológica, humedal protegido internacionalmente, contempla la construcción de más de 30 edificios de hasta 145 metros en parte del predio, con una capacidad constructiva de 895 mil metros cuadrados. A cambio, IRSA deberá entregar una porción de los terrenos ribereños para crear un parque público. No obstante, aunque IRSA promociona que el 71 por ciento será destinado a ese parque, los números finos del convenio indican otra cosa. En tanto, además de calles y veredas, en ese porcentaje se cuentan como contraprestación,  11 hectáreas de un «espejo de agua» creado por agua que ingresa del Río de la Plata.