Estas acciones se definieron  “ante la situación crítica que están atravesando las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores de toda la Argentina” anunciaron en repudio a los nuevos recortes.

En el día de hoy el Colectivo de Discapacidad decidió que marcharán a Plaza de Mayo donde acampará por tres días para denunciar la “situación crítica que están atravesando las personas con discapacidad sus familias y los prestadores de toda la Argentina”. La medida se luego de un nuevo recorte al sector por lo que el lema de esta convocatoria es “No al DNU, no al ajuste en discapacidad”.

Asimismo, en esta lucha “confluyen los reclamos que se vienen realizando desde hace tres años y en la coyuntura actual se ven agudizadas cada una de las problemáticas de nuestro Colectivo. Una vez más se entregará un petitorio al presidente Alberto Fernández con puntos específicos reclamados para su intervención”, advirtieron.

Por otra parte en los próximos tres días efectuarán talleres, aulas abiertas y colectas solidarias para rechazar el recorte en el sector, reclamar mayor presupuesto y mejores condiciones de trabajo.

Los reclamos enunciados son:

*Que las pensiones no contributivas se encuentren acordes a la inflación: En tanto pasaron de 16000 a 23000 pesos, este monto no llega a cubrir el sustento mínimo y los medicamentos imprescindibles para este sector que no son cubiertos por el programa Incluir Salud. Esto trae aparejado un posterior reclamo por vía recurso de amparo ya que el programa Incluir Salud no es una obra social de asistencia médica integral.

*Que se formalice  la coparticipación federal de recursos en discapacidad dado que las provincias, ni las obras sociales provinciales no reconocen tener el  dinero suficiente para solventar este gasto, es por ese motivo que se producen recortes.

*Que se fije el valor nomenclador de las obras sociales provinciales al nivel federal, dado que hoy los montos de las provincias se encuentran por debajo del arancel nacional, a pesar de la coparticipación porcentual.

*En cuanto al nivel valor nomenclador, se solicita una verdadera actualización, valor atrasado al 2019. En el 2020 no existió incremento  y ya en 2021 los aumentos paralelos por inflación no facilitaron su actualización ni su acumulación. La gestión de la ANDIS no reflejó un análisis de costos, no existió reunión entre partes, no fue participativo, sino que se avaló el financiamiento a las prestaciones en base a presupuesto y no a costos

*Que los abonos a los prestadores sean a mes vencido. Hoy día existen obras sociales que no pagan desde marzo que con la inflación galopante ocasiona problemas económicos y financieros en la prestación.

*En cuanto al DNU, se determinará  la postura del Colectivo más específicamente durante la Carpa Blanca, pero anticipamos que contempla un retroceso en derechos conquistados por el Colectivo de Discapacidad desde hace bastante tiempo. En tanto la Ley 24901 identifica la igualdad y este DNU ocasiona exclusión en el sistema de financiamiento. Por otro lado, el interés de la ANDIS en promulgar el DNU se debe a trasladar fondos discrecionalmente a las obras sociales por la presión generada por los sindicatos, cuando la financiación es estrictamente del Fondo de Solidario de Redistribución